“No te parece que 30 años después podríamos estar comiendo un asadito?…” (le dijo el abogado de un militar a Juana Muniz Barreto, hija del desaparecido ex diputado Diego Muniz Barreto.)
Y así la acusa de ser mezquina, vengativa, de imposibilitar la reconciliación necesaria para un futuro armónico.
Así es que los familiares se ven en la ingrata obligación de explicar que no buscan venganza, sólo justicia, y que nadie en su sano juicio quiere comer un asado con un tipo que, no solamente ha cometido crímenes horribles, sino que nunca ha mostrado arrepentimiento.
Los criminales exigen ser perdonados, pero el perdón es un asunto privado, y la búsqueda de justicia y reparación, es pública. Una persona puede perdonar, o no, pero
el Estado debe asegurar la vigencia del estado de derecho.
El Estado no puede ni debe perdonar, y si perdona... es impunidad.
Los integrantes de los organismos de DDHH perseveraron de la forma más noble que existe: No imitando al enemigo. Y luchando y trabajando durante 30 largos años para que se identifique a los responsables y se les haga responder por sus actos ante la justicia.
El discurso de los genocidas fue variando según las condiciones políticas con el correr del tiempo:
Fase 1 (a fines de los setenta): “aquí no pasó nada, no hay desaparecidos, están en Europa” “fueron actos de servicio”
Fase 2 (a principios de los ochenta): “hubieron solamente algunos errores y excesos”
Fase 3 (a finales de los ochenta): la teoría de los dos demonios y la obediencia debida.
Fase 4 (en los noventa y hasta hoy): el discurso oficial que justificaba los indultos de Carlos Menem inauguró la etapa de la reconciliación.
“Los crímenes se cometieron, fueron horribles e inhumanos, pero la sociedad no puede detenerse en el pasado y debe sí o sí “reconciliarse”.
El discurso de la reconciliación como necesidad social es absolutamente tramposo y mentiroso (y lo es mucho más cuando baja desde el Estado, institución obligada a velar por el cumplimiento del estado de derecho.)
Reclaman el perdón, como si fuera un derecho
Los discursos de “perdón y olvido” tratan de deslegitimar la demanda de justicia de las víctimas y trocarla en “sed de venganza”.
Si hubiera sed de venganza, las víctimas hubieran aplicado la “justicia por mano propia”, hubieran eliminado a sus victimarios, porque eso responde más eficazmente a la venganza, o tal vez a alguno se le hubiera ocurrido arrancarles las uñas con tenazas para que confiesen dónde enterraron a los desaparecidos, o secuestrarles los hijos para que digan quién tiene los hijos apropiados que buscan las abuelas... y más considerando la negación de justicia a la que se nos ha sometido durante tantos años...
Pero eso NUNCA estuvo en el ánimo de las víctimas ni de los familiares de los desaparecidos... porque es sabido que eso lleva a una cadena infinita de represalias y el desbordamiento incontrolable de la violencia.
Y ése sigue siendo el mayor problema de los genocidas y sus secuaces... somos distintos, querido. Tenemos una grandeza y un respeto por la vida que uds ni conocen ... Y los asesinos son ustedes.... Pruebas a la vista...
Entre misa y misa, han abogado por el perdón cristiano... eso de poner la otra mejilla...
Sin embargo, el perdón cristiano no tiene nada que ver con la impunidad. El cristianismo plantea ciertos “requisitos para el perdón”
1) el esclarecimiento de la culpabilidad;
2) el arrepentimiento del ofensor, o el asumir conscientemente el mal causado;
3) la confesión de la culpa;
4) el propósito de enmienda;
5) la reparación del daño causado.
Los genocidas no aceptan la culpa, no están arrepentidos, no confiesan los delitos cometidos, no esclarecen el destino final de los desaparecidos ni permiten que las abuelas recuperen sus nietos robados.
Los criminales gritan: “ustedes deben perdonarme, aunque yo no esté arrepentido.” ¿Quién es el mezquino?
Los procesos judiciales a los genocidas cumplen absolutamente todas las normas y las debidas garantías constitucionales, los acusados tienen acceso a los expedientes del tribunal y tienen defensa letrada, disponen de tiempo suficiente para preparar su defensa, pueden citar a testigos que declaren en su favor y pueden repreguntar en los juicios a los testigos de la acusación. Están detenidos en establecimientos especiales, donde reciben el trato que debieran recibir (y no reciben) los presos comunes: buena alimentación, comodidades, asistencia médica, visitas de sus familiares y prisión domiciliaria en muchos casos.
Los perseguidos por la dictadura no tuvieron esas garantías. En su mayoría fueron secuestrados de sus domicilios o lugares de trabajo, y permanecieron en calidad de desaparecidos. Los sobrevivientes de aquellos mundos insondables, llamados campos de concentración, donde tantas personas fueron deshumanizadas, esclavizadas, torturadas y aniquiladas solo por tener ideas políticas, fueron convertidos en el “enemigo interno”, y pocos lograron salir con vida, incluyendo menores de edad y mujeres embarazadas a quienes se les arrebataban sus hijos.
Por otra parte, en un simulacro de justicia, los acusados por ley 20840, del año 1974, eran considerados culpables a menos que demuestren su inocencia. Esto supone una negación del principio fundamental de la presunción de inocencia.
Durante aquellos juicios se asesinaron o hicieron desaparecer a sus abogados defensores. Los procesos tuvieron momentos de farsa. Las indagatorias en sede judicial se limitaban a ratificar los dichos ante la instrucción policial, bajo tormentos. Las pruebas incriminatorias eran insólitas. No se investigaban las denuncias de tortura. Los encarcelados a pesar de ser declarados absueltos por la justicia, quedaban a disposición del PEN y seguían presos por años.
La justicia de la dictadura no era soberana en ningún aspecto. Sus autoridades fueron impuestas por un Estado usurpador, y bajo una violencia generalizada y ejecutada siniestramente desde el propio estado.
Teniendo armas legales más que suficientes para perseguir a “los subversivos”, eligieron hacerlo de manera ilegal. El objetivo era el exterminio.
El valor de la Justicia
La búsqueda de justicia, implica la exigencia de una sanción debida a los victimarios y una reparación debida a las víctimas.
La sanción social y la pena judicial no tienen como objetivo la venganza, ni el desquite, sino la deslegitimación social de conductas y mecanismos institucionales injustos, con el objetivo de refundar la Justicia como valor imprescindible.
La sanción social y la pena judicial son un derecho de las victimas.
Los crímenes de lesa humanidad tienen consecuencias múltiples en la sociedad: efectos físicos, psíquicos, morales, sociales, culturales, políticos, jurídicos, históricos y económicos. Y todos inclinan la balanza en ventaja de los victimarios.
La impunidad implica claramente la ventaja del criminal
La única manera de recuperar el equilibrio perdido, es la condena al victimario y la reparación a las víctimas
La aplicación de condenas a los victimarios es el único mecanismo de defensa con que una sociedad cuenta para defenderse de conductas y prácticas que destruyen sus posibilidades de convivencia civilizada. No tiene ni un punto de contacto con la venganza.
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Alguna vez leí una anécdota sobre Simón Wiesenthal, y yo no sabía que Wiesenthal era arquitecto.
Se había encontrado con otro sobreviviente de los campos de exterminio nazis... y conversando, éste amigo de Wiesenthal le preguntó por qué se dedicaba a perseguir a los nazis en vez de darle gracias a Dios por haber sobrevivido, continuar construyendo casas y olvidar todo ese horror.
Wiesenthal, le respondió: "- Pues mira, cuando vayamos al cielo, y nos encontremos con los seis millones que murieron en los campos, nos preguntarán lo que hicimos después del Holocausto. Unos responderán que vendieron joyas, otros que construyeron casas. Pero yo les responderé: Yo no me olvidé de ustedes".
Al pobre pelotudo de Llugdar le metieron 22 años.
