En Santiago del Estéreo, desde que se iniciaron las causas por delitos de lesa humanidad en 2004, estamos esperando que llamen a indagatoria a los jueces que intervinieron durante la dictadura.
Los pasos lógicos son: la fiscalía acusa, el juez indaga. Si los delitos son graves, (más de 3 años de pena) el acusado debe quedar detenido. De lo contrario, se va a su casa y espera que el juez resuelva su situación.
El juez puede resolver 3 cosas:
1- Procesamiento: el juez entiende que hay suficientes pruebas contra el acusado.
2- Falta de mérito: considera que el imputado tiene vinculación con el delito, pero hace falta más prueba.
3- Sobreseimiento: el juez considera que el acusado no tiene nada que ver con el delito, así que lo desvincula para siempre de la causa. Nunca más se puede “molestar” al acusado por la misma causa.
En aquel momento (repito: año 2004), el Juez Federal Ángel Toledo, decidió sobreseer directamente a los 2 jueces acusados (Arturo Liendo Roca y Santiago Olmedo (el de la foto)- juez y fiscal alternativamente) y a una secretaria.
La fiscalía puso el grito en el cielo y se iniciaron una serie de recursos, apelaciones, quejas, etc…
Así que la causa de los jueces fue a parar a una especie de universo paralelo donde permaneció durante 7 años, no se podía armar un tribunal que resolviera porque todos se excusaban, fue y vino, bajó y subió, sin obtenerse resultados de ningún tipo.
Por supuesto, los ex jueces nunca fueron indagados.
Hace algunos días, la cámara de Casación decidió intimar al tribunal oral de Santiago, a que resuelva esa situación en el plazo de 10 días.
El tribunal, (integrado por Eduardo Coroleu*, Pedro Ibáñez** y Guillermo Ruiz Alvelda) tuvo que reunirse a resolver.
Así que, primero se quejaron por haber sido intimados a resolver en 10 días (7 años no es suficiente tiempo para dar el primer paso de una causa… que consiste en llamar a un tipo a indagatoria)
Después dijeron que la fiscalía tenía razón, que no se puede sobreseer a alguien así, de una… que hay que investigar los delitos.
Peeero, terminaron resolviendo que los delitos por los que los imputados están acusados… prescribieron. No consideraron los delitos por los que la fiscalía acusa… (para arrancar: Asociación Ilícita)
O sea, hablando en criollo: estuvo mal que no los indagaran en 2004, pero ahora no vale la pena indagarlos porque los delitos estarían prescriptos. (Prescriptos ésta!!!)
(otro día voy a sentarme a pensar porqué cuando piden penas más fuertes para los delitos contra la propiedad, nunca piden penas más fuertes para delitos como abuso de autoridad, violación o incumplimiento de los deberes de funcionario público, falsedad ideológica y encubrimiento. Pero eso… otro día)
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Ahora les voy a contar otra situación.
Roberto Díaz es un represor santiagueño, de inteligencia de la policía de la provincia (a cargo de Musa Azar), procesado por (está probado que intervino en:) 3 privaciones ilegítimas de la libertad, 7 tormentos, un homicidio.
Cometió muchísimos más delitos, pero eso es lo que se considera probado.
Bueno… a pesar de ese procesamiento, el Tribunal Oral (formado por Pedro Ibáñez**, y los tucumanos Jiménez Montilla y Casas) consideró que merecía la excarcelación, para que espere el juicio en libertad. El tipo se tiene que presentar una vez por semana a firmar al juzgado.
Bueno, hace 3 semanas que no se presenta… los querellantes se enteran de pedo, la fiscalía se entera de pedo, porque el juez de 1° instancia Molinari, se chupa el dedo… y el tipo no aparece y a nadie le sorprende ni le importa.
Ahora hay que esperar que el juez ordene que lo vayan a detener, y si no lo encuentra, será considerado prófugo.
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** Eduardo Coroleu es un abogado que a veces funciona de juez suplente… Estaba a cargo justo cuando Néstor Ick (el Magnetto santiagueño) metió una cautelar pidiendo la suspensión de la aplicación de 16 artículos de la ley de medios. Obvio que le hizo lugar.
** Pedro Ibáñez ostenta el record de votar SIEMPRE a favor de los represores. A veces vota en disidencia, o sea, los otros dos votan distinto.
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Estaba leyendo que en Tucumán también pasó algo insólito (o no tanto… más bien indignante):
A fines de 2010, después de mucho pelearla, se logró que detengan a un escribano tucumano llamado Juan Carlos Jesús Benedicto, mencionado en numerosos testimonios como partícipe directo de torturas y secuestros.
Pero al conocido escribano le otorgaron la prisión domiciliaria (no sé con qué fundamentos).
Lo más lindo de todo es que el propio fiscal federal ad hoc, Pablo Camuña, se lo encontró en un negocio en pleno centro tucumano. El tipo todavía le pasó por adelante y lo saludó.
El fiscal Camuña puso en conocimiento al juez de lo sucedido. Veremos qué ocurrirá con “el civil” Benedicto que además posee dos armas a su nombre, las que seguramente tendrá en su casa…
Así es como nos toma el pelo la justicia, compañeros.
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Y bueno, yo sé que no es políticamente correcto decirlo pero hay gente que sobra. Se trata de simples delincuentes, gente que objetivamente vive de amparar el delito. Su existencia no tiene más sentido que ser instrumentos de, carecen de toda conciencia. Técnicamente son seres humanos, pero renunciaron a comportarse como tales y eligieron comportarse como cosas, como simples herramientas del poder.
ResponderBorrarEsa gente sólo responde al poder, por eso hay que construir otro poder que se oponga al que los sostiene.
Salute.