PERPETUA, HIJO DE PUTA!

Por fin...
Era hora...



Aunque Von Wernich va a quedar como ícono de la iglesia amante de la dictadura, siendo apenas uno de tantos

Emilio Fermín Mignone, fundador del CELS hizo un extenso estudio acerca de la conducta de la iglesia durante los años de la oscuridad. Se llama "Iglesia y Dictadura" y voy a citar algunos párrafos más adelante.

En los 80 apareció en los medios una lista con los curas nombrados por la gente que denunció ante CONADEP. En esa lista figuran 15 sacerdotes católicos, entre ellos Pio Laghi, Antonio José Plaza, arzobispo de La Plata; los obispos Blas Conrero, de Tucumán y José Miguel Medina de Jujuy; monseñor Emilio Grasselli, el presbítero Christian von Wernich y varios capellanes militares

Dice Mignone:

"Es interesante señalar que la furia se desató por la mención de Laghi. Nadie, incluyendo la Conferencia Episcopal Argentina, se ocupó de defender a los restantes acusados, como si se diera por natural su presencia en una lista de esa naturaleza. Monseñor Conrero estaba muerto y nada podía aducir. Plaza no protestó, ni siquiera porque sus colegas no lo hubiesen respaldado, debido seguramente a que nunca negó su identificación con las fuerzas represoras.

Mi experiencia personal no hace sino confirmar estas aprensiones. En Buenos Aires he conocido a varios nuncios: José Fietta, Humberto Mozzoni, Lino Zanini, Pío Laghi, y el actual, Ubaldo Calabresi. A cual peor.

Con Calabresi tuve dos entrevistas. La primera, a poco de llegar, para tratar de explicarle la situación creada por el terrorismo estatal. Fue en vano. Desconoce los aspectos más elementales de la historia y la vida argentinas y no se ha integrado con la Iglesia del país. Se maneja con espíritu de informante, influido por consejeros indeseables, que son los que cultivan los contactos con el palacio de la nunciatura en la avenida Alvear (otro absurdo). Sus limitaciones intelectuales y sus gaffes son notorias. Sostuvo que la “Constitución se opone a la exhibición de la película Je vous salue Marie porque expresa que la religión católica, apostólica y romana es la oficial” No se le ha ocurrido, parece, leer la ley fundamental del país en el cual ejerce su representación.

De todos los miembros del Episcopado es, tal vez, monseñor Antonio José Plaza, hasta 1986 arzobispo de La Plata, quien con mayor claridad y desenfado se identificó con la dictadura militar, y sus métodos represivos.

Voy a limitarme a transcribir un florilegio de expresiones y actitudes que demuestran, a mi juicio, el predominio en el cuerpo episcopal de una opción política a favor del régimen militar en desmedro de las exigencias del testimonio evangélico.

Comencemos por monseñor Antonio José Plaza, arzobispo de La Plata. En mayo de 1977 dijo en un discurso en la capital de la provincia de Buenos Aires: “Los malos argentinos que salen del país se organizan desde el exterior contra la patria, apoyados por las fuerzas oscuras, difunden noticias y realizan desde afuera campañas en combinación con quienes trabajan en la sombra dentro de nuestro territorio. Roguemos por el feliz resultado de la ardua tarea de quienes espiritualmente y temporalmente nos gobiernan. Seamos hijos de una Nación en la cual la Iglesia goza de un respeto desconocido en todos los países condenadamente marxistas”

En agosto de 1978 el mismo Plaza sostuvo, en respuesta a una carta de Amnistía Internacional, que “en la Argentina no hay prisioneros políticos”. Pocas semanas antes, al regresar de un viaje al Vaticano, lamentó “la campaña de descrédito existente –a su juicio contra la Argentina– que cuenta con el apoyo de las fuerzas de la izquierda”. Agregó que en la Santa Sede se estaba viendo la situación argentina con mayor comprensión y expresó su esperanza que los periodistas que vendrían para el campeonato mundial de fútbol podrían ver mejor las cosas.

En algunos casos, con olvido total de la obligación pastoral, la opinión de los obispos fue expresada con una violencia y una ceguera incomprensibles. Tal es el caso de monseñor Carlos Mariano Pérez, ahora retirado del obispado de Salta. En enero de 1984 sostuvo ante la prensa nada menos que lo siguiente: “Hay que erradicar a las Madres de Plaza de Mayo”. Sin duda pensaría, evangélicamente en la utilización de cámaras de gases. Además, “se mostró contrario al juicio y castigo a los militares, afirmó que los organismos defensores de derechos humanos en nuestro país pertenecen a una organización internacional; y consideró que la exhumación de cadáveres N.N. es una infamia para la sociedad”.

La visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la O.E.A. en 1979, causó irritación a muchos obispos. Pienso que en esa reacción se mezclaban varios factores. El primero, la ignorancia. Los prelados dan la impresión de no saber que la C.I.D.H. integra la Organización de los Estados Americanos, a la cual pertenece la Argentina y que ésta, por los tratados que ha suscripto, está obligada a aceptar su intervención. No tienen la menor idea del papel –encomiado con frecuencia por la Santa Sede– que desempeñan los organismos internacionales en la salvaguardia de los derechos humanos. Se imaginan a la Comisión como un grupo de enemigos del régimen argentino y no como un cuerpo imparcial, formado por juristas independientes.
A esa circunstancia se agrega su mentalidad estrecha y patriotera, formada por la ideología del nacional-catolicismo.

Pero lo claramente decisivo era la alianza de los obispos con el régimen militar, al cual se sentían en la obligación de defender sin ningún análisis serio de la cuestión.
En algunas declaraciones, como la de monseñor Octavio Nicolás Derisi, rector de la Universidad Católica Argentina y obispo auxiliar de La Plata, el primitivismo se combina con el agravio a las víctimas del terrorismo de Estado y la adulación a las autoridades. “Creo que la C.I.D.H. no debería haber venido”, sostiene en septiembre de 1979. “El gobierno –agrega– con una gran generosidad la ha aceptado. Por eso yo también la respeto, pero no tenía por qué una comisión extranjera venir a tomarnos examen. Creo que en estre momento el gobierno lo está haciendo bien y no era necesario todo esto. Pero en fin, ya que ha venido pido a Dios que sean objetivos y no se dejen influenciar por aquella gente que ha creado este problema en la Argentina: las familias de aquellos guerrilleros que mataron, secuestraron y robaron”.

En esta exposición, como en todas las de Derisi, surge la estolidez, la incompetencia, la deshonestidad. “Creo sinceramente –continúa–, que la Argentina es uno de los países donde hay más tranquilidad y en donde los derechos humanos están más respetados. En este momento hay presos, pero presos por delincuencia, dice el gobierno y en todo caso de acuerdo a la ley y a la constitución. No veo que en este momento en la Argentina se encarcele, se mate, se atropelle contra los derechos humanos en ninguna parte. Si hay alguna cosa individual... somos hombres, pero no me consta que exista esta situación. De todos modos yo vengo de Europa y les aseguro que hay mucha más tranquilidad en Argentina. En la Argentina una mujer puede ir de noche con toda tranquilidad. Yo diría que los derechos humanos están sustancialmente defendidos en la Argentina”.

Para monseñor Idelfonso María Sansierra, arzobispo de San Juan –ya fallecido–, “la C.I.D.H. tiene intención política. Debería preocuparse por otros países donde se violan abiertamente los derechos humanos. Debemos defender nuestra soberanía y si la comisión excediera sus funciones el gobierno, haciendo uso de sus facultades soberanas, debería dar por terminada su misión”
Monseñor Sansierra fue uno de los obispos más reaccionarios e ignorantes de nuestro episcopado. Afirmó, impúdicamente, que “los derechos humanos son observados en la Argentina”. Sostuvo además que “ellos son suspendidos en tiempo de guerra”

¡Dónde habrá estudiado teología moral monseñor Sansierra, para quien, aparentemente, en caso de conflagración bélica –que entre nosotros no existía–, es legítimo torturar, asesinar prisioneros robar y violar mujeres! Su acerción contradice abiertamente las enseñanzas de la Iglesia y pone de manifiesto la pasión homicida que lo alentaba. En una ocasión hablando de los que se quejaban por la existencia de presos políticos, dio la siguiente explicación: “Yo voy también a la cárcel y nunca me quedo adentro. Me dejan salir siempre”.

Otro caso de alteración de la doctrina de la Iglesia es el de monseñor Guillermo Bolatti, arzobispo de Rosario –también fallecido y representante del ala integrista–, quien explicó que “cada país debe regular los derechos humanos”. Esta afirmación implica colocar la soberanía del Estado por encima de los derechos fundamentales, incluyendo la libertad de conciencia y ha sido reiteradamente condenada por papas y concilios. “No deben ser los extranjeros (la C.I.D.H.) –agregó– los que nos vengan a indicar lo que tenemos que hacer. La entrevista de la C.I.D.H. con Primatesta me imagino que será positiva, porque podrán recibir algunos esclarecimientos sobre la situación de la Argentina que en el extranjero y en particular en Europa, está distorsionada”.

El obispo de San Rafael, monseñor León Kruk, dijo que “la visita de la C.I.D.H. no significa un avasallamiento de nuestra soberanía pues responde a una invitación del gobierno, aunque expresó sus dudas acerca de la exactitud de sus conclusiones”. ¡Curiosos obispos regalistas, más preocupados por la soberanía del estado que por la vigencia del Evangelio!

En los días previos a la llegada de la Comisión Interamericana participé en un episodio que confirma el preconcepto de los obispos. Acompañé a Córdoba a una funcionaria de la C.I.D.H. para encontrar un lugar que no perteneciera al Estado, donde sus miembros pudieran recibir con libertad y en un clima de confianza las denuncias de los familiares de las víctimas de las violaciones de los derechos humanos. No era fácil, por el temor reinante. La representante de la Comisión, confiada por la cooperación encontrada en otros países, pensó en un templo católico y pedimos una entrevista al cardenal Raúl Primatesta. Como estaba ausente de la ciudad nos recibió su auxiliar –ahora arzobispo de Paraná– monseñor Estanislao Karlic. Escuchó con atención y nos dijo que trasmitiría el pedido al cardenal. La conversación fue extensa y la aproveché para explicar la gravedad de los hechos y la urgencia de la intervención de la Iglesia.

Al día siguiente Karlic nos llamó por teléfono a Buenos Aires para comunicarnos que el cardenal Primatesta había resuelto no prestar ningún templo ni edificio eclesiástico con ese fin, porque no quería adoptar una posición crítica frente al gobierno... Igual suerte corrió la solicitud que hicimos llegar al obispo de Tucumán, Blas Conrero, quien se amparó en la decisión adoptada por Primatesta. En definitiva, una nueva y expresa omisión del deber pastoral por servilismo hacia el estado.

Las denuncias sobre violaciones de los derechos humanos en la Argentina también exasperaban a algunos obispos. Para monseñor Bernardo Witte, obispo de La Rioja, se trataba de una “campaña difamatoria” y para monseñor Rómulo García, obispo de Mar del Plata, eran “campañas improvisadas y organizadas por quienes niegan la libertad”. En esa calificación, por cierto calumniosa, estaban incluidos, sin excepción, los familiares de las víctimas, las instituciones de derechos humanos del país y las organizaciones internacionales. Monseñor García negó un templo a los familiares de detenidos-desaparecidos, para reunirse.

Los prelados de mayor jerarquía hacen sonar otras cuerdas en defensa de las fuerzas armadas.

Monseñor Antonio Quarracino, antiguo obispo de Avellaneda y después arzobispo de La Plata, ha insistido en la necesidad de que se dicte una “ley de olvido”, aunque nunca ha conseguido explicar cómo podía instrumentarse.

El cardenal Juan Carlos Aramburu se inclina por una amnistía.

Y el cardenal Raúl Primatesta, con dudosa teología, sostiene que el perdón corresponde a los hombres y la justicia de Dios, excluyendo de esa manera la posibilidad de sanciones penales para los criminales del Estado terrorista.

Esta comunidad de objetivos fue expresada por el almirante Emilio Massera, en una de sus respuestas más cínicas: “Nosotros –dijo– cuando actuamos como poder político seguimos siendo católicos, los sacerdotes católicos cuando actúan como poder espiritual siguen siendo ciudadanos... Sin embargo, como todos obramos a partir del amor, que es el sustento de nuestra religión, no tenemos problemas y las relaciones son óptimas, tal como corresponde a cristianos”

Además de la ideología otro factor gravitó en la actitud del episcopado: la ignorancia y la mediocridad. Hubo excepciones notables, pero fueron acalladas.

Jesús eligió para Apóstoles hombre humildes, carentes de formación escolástica. Eran adultos con experiencia vital. Luego de una intensa preparación que no los desvinculó de su pueblo, se presentaron como testigos de la fe, llamando a la conversión, sin preocuparse de la autoridad temporal, que, por otra parte, les era hostil.

La Iglesia argentina cuenta con centenares de auténticos mártires, que sufrieron y murieron por la fidelidad a los principios evangélicos, en medio de la indiferencia o la complicidad de sus obispos. ¡Qué dirá la historia de estos pastores que entregaron sus ovejas al enemigo sin defenderlas ni rescatarlas!

Hubo obispos que visitaban a los presos políticos de su jurisdicción y en particular a los sacerdotes: Marengo, de Azul; Devoto, de Goya; Witte de La Rioja; de Nevares, de Neuquen; Kemerer, de Posadas; Ponce de León, de San Nicolás de los Arroyos; Zaspe, de Santa Fé; Hesayne, de Viedma; Novak de Quilmes. Pero fueron los menos y en todo caso faltó una acción institucional que enfrentara la totalidad del problema y que incluyera la situación de los detenidos-desaparecidos.

Desde el punto de vista pastoral hay algo más grave todavía y es la negativa del episcopado a prestar protección y apoyo material y espiritual a las víctimas de la represión ilegal y a sus familias. Monseñor de Nevares propuso formalmente a la asamblea episcopal la creación de una vicaría similar a la chilena pero la iniciativa fue rechazada por el voto de la mayoría de los prelados.

Es común la animadversión de los dos cardenales y de la mayoría de los obispos respecto a las organizaciones de derechos humanos y de familiares de las víctimas. He traído a colación en páginas anteriores algunas expresiones públicas en ese sentido. En privado sostienen que son instituciones “comunistas”. Si esto ocurriera la responsabilidad sería del episcopado, por no haber ocupado el lugar que su misión evangélica e histórica le exigía.

De haber jugado la Iglesia un papel protagónico en la protección de los perseguidos, no sólo hubiera salvado miles de vidas y mitigado sufrimientos; por el contrario su ascendiente pastoral habría crecido de una manera inimaginable y hoy no soportaría la ola de críticas que surgen de todos los sectores, además de haber evitado el apartamiento de la fe de millares de católicos."

Ahora vamos a esperar la reacción de la Santísima Madre Iglesia, con su milenaria capacidad de hacerse los pelotudos